Colombia es un país donde existen varios fenómenos de delincuencia organizada, de los cuales el tráfico de drogas, armas de fuego y la trata de seres humanos son los de más alta incidencia. Es evidente que la trata de personas en el país es un problema creciente. Si bien desde el Gobierno Nacional se han hecho ingentes esfuerzos para fortalecer la seguridad en el país, el contexto colombiano con la existencia de grupos armados al margen de la ley, el desempleo y la alarmante tasa de personas desplazadas internamente, facilita el trabajo de los tratantes de personas.

La trata de seres humanos es un fenómeno complejo y preocupante debido a que las personas tratadas son víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Adicionalmente, la trata de personas tiene un alto componente criminal en donde el delito es cometido por grupos organizados que se articulan a través de redes nacionales e internacionales muy avanzadas.

Los anteriores factores contribuyen a la agudización de estos fenómenos criminales. Por eso el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Vélez, ha priorizado la estrategia de Seguridad Democrática, pues las organizaciones terroristas presentes en el territorio nacional sin duda obstaculizan nuestro desarrollo e interés por un país libre de violencia.

Es por eso que un problema de esta magnitud, debe afrontarse no sólo desde el ámbito de la política criminal o normas de derecho administrativo, sino también mediante la construcción y concepción de políticas públicas serias, que den prelación a la política social.

Por esta razón la ley 985 aprobada por el Congreso y que sancionó el 26 de agosto de 2005 el Presidente de la República, mediante la cual “se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”, establece en su artículo 4°: que “El Gobierno Nacional adoptará mediante decreto la Estrategia Nacional contra la trata de personas que será el eje de la política estatal en este campo”. Con base en esto, el Gobierno Nacional, a través del Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas, cuya secretaría técnica le corresponde al Ministro del Interior y de Justicia, ha generado espacios de concertación con las autoridades municipales y departamentales, con el objetivo de crear enlaces, que contribuyan a un efectivo proceso de descentralización de la política publica.